Laura Medina

Antes del nacimiento conviene tener claras algunas cuestiones básicas: si la pareja está casada o no, cómo se van a organizar los permisos y qué trámites serán necesarios después del parto.

Si la pareja no está casada, es importante saber que el reconocimiento de la filiación paterna requiere un paso adicional. También conviene conocer los derechos laborales durante el embarazo, como la protección frente al despido, las adaptaciones del puesto de trabajo y las prestaciones por riesgo.

Informarse con antelación evita sorpresas y permite planificar con más tranquilidad.

En la actualidad, ambos progenitores tienen derecho a un permiso de dieciséis semanas cada uno. Las seis primeras semanas son obligatorias e ininterrumpidas tras el parto, y las diez restantes pueden disfrutarse de forma continuada o interrumpida durante los doce meses siguientes al nacimiento.

La prestación cubre el cien por cien de la base reguladora. Es importante comunicar la situación a la empresa con antelación y gestionar la solicitud ante la Seguridad Social.

Conviene revisar también los convenios colectivos y las posibilidades de acumulación, reducción de jornada y excedencia que puedan aplicarse en cada caso concreto.

Los trámites principales son la inscripción en el Registro Civil, la solicitud de la prestación por nacimiento ante la Seguridad Social, la inclusión del bebé en la tarjeta sanitaria y, si procede, la solicitud de ayudas y prestaciones familiares.

La inscripción en el Registro Civil suele gestionarse desde el propio hospital, pero conviene asegurarse de que se ha completado correctamente y de que la filiación queda establecida según corresponda.

Cada comunidad autónoma puede tener además prestaciones propias que conviene consultar.

En parejas no casadas, la filiación materna se establece automáticamente con el parto. La filiación paterna, en cambio, requiere un reconocimiento expreso, que puede hacerse antes del nacimiento o en el momento de la inscripción.

Inscribirse como pareja de hecho también tiene implicaciones jurídicas que conviene conocer, aunque varían según la comunidad autónoma.

En caso de separación, los derechos y obligaciones respecto a los hijos son los mismos que para las parejas casadas: custodia, pensión alimenticia, régimen de visitas. Pero si no hay acuerdo, el procedimiento judicial puede ser diferente.

Existen diversos mecanismos: la reducción de jornada por guarda legal, la adaptación del horario, la excedencia por cuidado de hijos y los permisos por hospitalización o enfermedad del menor.

La reducción de jornada permite trabajar menos horas con una reducción proporcional del salario, y puede solicitarse hasta que el hijo cumpla doce años. La excedencia preserva el puesto durante un tiempo determinado.

Es importante conocer lo que establece el convenio colectivo de cada sector, ya que puede ampliar los derechos mínimos que marca la ley.

Cuando hay hijos menores, la separación o el divorcio deben resolver necesariamente las cuestiones relativas a la custodia, el régimen de estancias, la pensión alimenticia y el uso de la vivienda familiar.

Si los progenitores llegan a un acuerdo, pueden tramitar un convenio regulador de mutuo acuerdo, que suele ser más rápido y menos costoso. Si no hay acuerdo, será un juez quien decida, siempre atendiendo al interés superior del menor.

En ambos casos, es muy recomendable contar con asesoramiento jurídico para proteger los derechos de todas las partes, especialmente los de los hijos.

Es el principio que guía todas las decisiones que afectan a un niño: judiciales, administrativas o familiares. Significa que, ante cualquier conflicto, lo primero que debe valorarse es qué es lo mejor para el menor.

No es un concepto abstracto. Se concreta en factores como la estabilidad del entorno, el mantenimiento de las rutinas, la relación con ambos progenitores, las necesidades educativas y emocionales del niño y su propia opinión cuando tiene madurez para expresarla.

Es un criterio que obliga a todas las partes, incluidos los padres, los jueces y las administraciones.

La guarda y custodia determina con quién convive el menor de forma habitual. Puede ser exclusiva, cuando el niño vive principalmente con uno de los progenitores, o compartida, cuando se reparte el tiempo de convivencia de forma más o menos equilibrada.

El régimen de visitas establece los periodos en los que el progenitor no custodio está con el hijo: fines de semana alternos, vacaciones, días entre semana, etc.

Lo ideal es que ambos progenitores acuerden un sistema que responda a las necesidades reales del menor, y no al deseo de ganar o perder una batalla.

Uno de los más frecuentes es tomar decisiones precipitadas sin asesoramiento: abandonar la vivienda, dejar de pagar gastos, impedir el contacto del otro progenitor con los hijos o firmar acuerdos sin entenderlos.

También es un error utilizar a los hijos como herramienta de presión, trasladarles información que no les corresponde o intentar alejarles del otro progenitor.

En situaciones de conflicto, la mejor inversión es una buena orientación profesional desde el principio. Rectificar decisiones mal tomadas suele ser más difícil y más caro que hacerlo bien desde el inicio.

Siempre que haya una decisión importante que afecte a la familia y sobre la que no se tenga claridad suficiente. No hace falta estar en un conflicto para consultar: informarse con antelación es una forma de prevención.

Es especialmente recomendable antes de una separación, ante un cambio de custodia, cuando hay desacuerdos sobre la educación o la salud de los hijos, cuando se necesita regularizar una situación familiar o cuando se van a firmar acuerdos con consecuencias jurídicas.

Un buen abogado de familia no solo defiende: también orienta, media y ayuda a encontrar soluciones que protejan a todos los miembros de la familia, empezando por los más pequeños.